Irma Ramírez Molina/
Nadie gana ni nadie pierde cuando se aplica la ley, es lo que es; pero parece que no importa que la ley sea aplicada, parece que la aplicación de la ley es un inconveniente para algunos o que la ley debe ser negociada y acordada para que todo mundo
esté contento.
No; la ley no debe ser acordada ni mucho menos negociada, aunque ahora bien, no se trata de darle la razón a alguien por encima de uno o de otro; la ley es, no parece.
En materia electoral pasa lo mismo, pero se ha estado tan acostumbrado a matizar, maquillar o a simular la ley, que cuando se aplica no se cree.
Pero no se trata de creer por capricho o antojo, se trata de lo que es, no de lo que perece.
No es un tema fácil escudriñar la materia electoral por que han existido tantas reformas constitucionales que fijarse en un solo punto, sería muy simple.
La materia electoral es tan amplia y se ha reformado porque los mexicanos, pero más los políticos, se las ingenian para violarla.
Dinero para los partidos políticos
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, por el que ratificó la determinación de los montos y distribución del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos con acreditación y registro ante el órgano electoral chiapaneco.
Fue una sesión pública que se pudo ver a través de la página del IEPC.
En dicha sesión, llamada, ordinaria del pleno del Consejo, se concretizó “lo mandatado por el decreto 128 del Congreso de Estado” por el que se reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, mismo que en su artículo Tercero Transitorio mandataba que el máximo órgano de dirección del IEPC en un plazo de 60 días modificara o no su acuerdo original sobre el financiamiento público de los partidos políticos de fecha 18 de enero pasado.
Según entiendo, el Consejo General llegó a la determinación de ratificar el acuerdo que en su momento ya había emitido, considerando que la reforma contempla la posibilidad de reducir el financiamiento, aplicable en casos de excepción, pero en este caso, no se acreditó jurídicamente.
Voces acreditadas
La Consejera Laura León Carballo, sostuvo claramente que “esta autoridad local está impedida por la Ley General de Partidos Políticos para realizar modificaciones a la fórmula establecida en la ley, atendiendo a la jerarquía normativa, ya que el código comicial está jerárquicamente por debajo de dicha ley y de la constitución local”.
Alex Walter Díaz García, refirió que “el proyecto de acuerdo garantiza las prerrogativas que por derecho constitucional tienen los partidos políticos y está plasmado en la ley, hacer lo contrario significaría en mi calidad de consejero violentar la ley y caer en unaresponsabilidad directa.”
La Consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez precisó que acompaña el proyecto de acuerdo “porque es lo legalmente correcto, caso contrario estaríamos vulnerando los derechos de los partidos políticos para su financiamiento público; aunque con este acuerdo estamos ratificando un acuerdo ya aprobado, y no modificando como lo señala el decreto; estamos cumpliendo con lo mandatado y de manera oportuna.”
La Consejera Blanca Estela Parra Chávez, subrayó que la ley general de partidos políticos obliga a cumplir con lo que ella establece, por lo que “no solamente apruebo esta iniciativa, sino que la avalo en cada una de sus partes porque estoy segura y convencida que el imperio de la ley puede y debe salvarnos de cometer actos fuera de ello, sino damos certeza dentro de este marco regulatorio”.
El consejero Manuel Jiménez Dorantes, quien además preside la Comisión de Asociaciones Políticas que elaboro el proyecto de Acuerdo, pidió en su intervención la importancia de incluir en el mismo la solicitud de una reunión con el titular del poder ejecutivo del estado para plantear las ampliaciones presupuestales que permitan garantizar el cumplimiento cabal de la entrega de las prerrogativas de los partidos.
En su participación, el Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas, comentó, que “con el proyecto que se pone a consideración del Consejo no se pone en juego la voluntad o no de los consejeros y consejeras de atender las demandas ciudadanas de ajustar el monto de recursos que reciben los partidos, sino que se trata de un tema de estricta legalidad en donde el Consejo no tiene más alternativa que aplicar lo mandatado en la Ley General".
No obstante, reconoció la necesidad de revisar el modelo de financiamiento político en el país, pues el sistema de partidos ya no es el mismo al de hace 20 años cuando se generó y cuando se demandaban montos cuantiosos para garantizar un mínimo de competitividad electoral, pero ello requerirá que se reforme la ley general en la Cámara federal.
BASE DE DATOS…-
Y llegó el famoso Horario de Verano, el cual los municipios indígenas y algunas otras comunidades o respetan y se siguen rigiendo por el horario de Dios.
Sin embargo las ciudades, “forzosamente” tienen que regirse por ella, porque de lo contrario pierden las citas, las horas de entrada, entre otras cosas.***
Llegan las vacaciones y para salvaguardar la seguridad de los visitantes, el Secretario General de Gobierno anunció que por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco se instalaron nueve puntos de control adicionales para fortalecer la seguridad en zonas turísticas.
Así se suman a los 54 ya existentes para garantizar a los paseantes su estancia en los atractivos que ofrece la entidad.***
Nadie gana ni nadie pierde cuando se aplica la ley, es lo que es; pero parece que no importa que la ley sea aplicada, parece que la aplicación de la ley es un inconveniente para algunos o que la ley debe ser negociada y acordada para que todo mundo
esté contento.
No; la ley no debe ser acordada ni mucho menos negociada, aunque ahora bien, no se trata de darle la razón a alguien por encima de uno o de otro; la ley es, no parece.
En materia electoral pasa lo mismo, pero se ha estado tan acostumbrado a matizar, maquillar o a simular la ley, que cuando se aplica no se cree.
Pero no se trata de creer por capricho o antojo, se trata de lo que es, no de lo que perece.
No es un tema fácil escudriñar la materia electoral por que han existido tantas reformas constitucionales que fijarse en un solo punto, sería muy simple.
La materia electoral es tan amplia y se ha reformado porque los mexicanos, pero más los políticos, se las ingenian para violarla.
Dinero para los partidos políticos
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, por el que ratificó la determinación de los montos y distribución del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos con acreditación y registro ante el órgano electoral chiapaneco.
Fue una sesión pública que se pudo ver a través de la página del IEPC.
En dicha sesión, llamada, ordinaria del pleno del Consejo, se concretizó “lo mandatado por el decreto 128 del Congreso de Estado” por el que se reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, mismo que en su artículo Tercero Transitorio mandataba que el máximo órgano de dirección del IEPC en un plazo de 60 días modificara o no su acuerdo original sobre el financiamiento público de los partidos políticos de fecha 18 de enero pasado.
Según entiendo, el Consejo General llegó a la determinación de ratificar el acuerdo que en su momento ya había emitido, considerando que la reforma contempla la posibilidad de reducir el financiamiento, aplicable en casos de excepción, pero en este caso, no se acreditó jurídicamente.
Voces acreditadas
La Consejera Laura León Carballo, sostuvo claramente que “esta autoridad local está impedida por la Ley General de Partidos Políticos para realizar modificaciones a la fórmula establecida en la ley, atendiendo a la jerarquía normativa, ya que el código comicial está jerárquicamente por debajo de dicha ley y de la constitución local”.
Alex Walter Díaz García, refirió que “el proyecto de acuerdo garantiza las prerrogativas que por derecho constitucional tienen los partidos políticos y está plasmado en la ley, hacer lo contrario significaría en mi calidad de consejero violentar la ley y caer en unaresponsabilidad directa.”
La Consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez precisó que acompaña el proyecto de acuerdo “porque es lo legalmente correcto, caso contrario estaríamos vulnerando los derechos de los partidos políticos para su financiamiento público; aunque con este acuerdo estamos ratificando un acuerdo ya aprobado, y no modificando como lo señala el decreto; estamos cumpliendo con lo mandatado y de manera oportuna.”
La Consejera Blanca Estela Parra Chávez, subrayó que la ley general de partidos políticos obliga a cumplir con lo que ella establece, por lo que “no solamente apruebo esta iniciativa, sino que la avalo en cada una de sus partes porque estoy segura y convencida que el imperio de la ley puede y debe salvarnos de cometer actos fuera de ello, sino damos certeza dentro de este marco regulatorio”.
El consejero Manuel Jiménez Dorantes, quien además preside la Comisión de Asociaciones Políticas que elaboro el proyecto de Acuerdo, pidió en su intervención la importancia de incluir en el mismo la solicitud de una reunión con el titular del poder ejecutivo del estado para plantear las ampliaciones presupuestales que permitan garantizar el cumplimiento cabal de la entrega de las prerrogativas de los partidos.
En su participación, el Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas, comentó, que “con el proyecto que se pone a consideración del Consejo no se pone en juego la voluntad o no de los consejeros y consejeras de atender las demandas ciudadanas de ajustar el monto de recursos que reciben los partidos, sino que se trata de un tema de estricta legalidad en donde el Consejo no tiene más alternativa que aplicar lo mandatado en la Ley General".
No obstante, reconoció la necesidad de revisar el modelo de financiamiento político en el país, pues el sistema de partidos ya no es el mismo al de hace 20 años cuando se generó y cuando se demandaban montos cuantiosos para garantizar un mínimo de competitividad electoral, pero ello requerirá que se reforme la ley general en la Cámara federal.
BASE DE DATOS…-
Y llegó el famoso Horario de Verano, el cual los municipios indígenas y algunas otras comunidades o respetan y se siguen rigiendo por el horario de Dios.
Sin embargo las ciudades, “forzosamente” tienen que regirse por ella, porque de lo contrario pierden las citas, las horas de entrada, entre otras cosas.***
Llegan las vacaciones y para salvaguardar la seguridad de los visitantes, el Secretario General de Gobierno anunció que por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco se instalaron nueve puntos de control adicionales para fortalecer la seguridad en zonas turísticas.
Así se suman a los 54 ya existentes para garantizar a los paseantes su estancia en los atractivos que ofrece la entidad.***
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