Uso legitimo de la fuerza 150514

Irma Ramírez Molina/

Como era de esperarse, la aprobación del dictamen presentado por las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Justicia, relativo a la iniciativa del Código que establece el uso legitimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública del estado, causó controversia.

Sin embargo, no debería haber tal, pues si las manifestaciones son eso, no tendría porque darse violencia; pero desafortunadamente no se puede negar también que muchas veces los inconformes arriban en caravana armados de piedras, palos, machetes y lo que encuentran.

Es más la última situación de violencia se vivió precisamente frente a las instalaciones del Congreso del Estado, donde hubo quebrazón de cristales.

Pero además la iniciativa es muy clara: “Se considera manifestación violenta cuando un grupo de personas se encuentran armados o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se incita a la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”.

Es más, los medios de comunicación han sido testigos y víctimas de gente que va en marcha que son intolerantes, agrediendo a sus personas o sus carros.

Definitivamente la mayoría de la sociedad estará de acuerdo en que se frene este tipo de manifestaciones, porque atentan contra los derechos de los transeúntes, de los automovilistas y de quienes para su mala suerte les toque toparse con un grupo de estos.

Así que si nadie sale agresivo a manifestarse, la policía no tiene por que actuar, pero tampoco se puede seguir permitiendo acciones abusivas de parte de quienes se dicen inconformes por las razones que gusten, pues tan derechos tienen ellos de manifestar su inconformidad, como de los automovilísticas de poder transitar.

Hay que recordar que las corporaciones policiacas tienen la obligación de “salvaguardar la integridad, los derechos y los bienes de las personas; así como preservar las libertades, la paz pública y la seguridad ciudadana, así como prevenir la comisión de delitos e infracciones”.

Así que todos tienen derecho a manifestarse, sin llegar a la violencia, ni afectar los derechos de terceros, porque insistió, tan derecho tienen ellos como el resto de la sociedad.

BASE DE DATOS…-

El compromiso de Manuel Velasco de seguir impulsando la creación de nuevos espacios para la conciliación y la solución de conflictos a partir de los acuerdos, forma parte de la visión de su gobierno de promover una cultura de paz y una sociedad más tolerante e incluyente. 

Y ahora con la apertura del segundo Centro Estatal de Justicia Alternativa se fortalece la mediación, conciliación y arbitraje, además de actuar con equidad, imparcialidad, rapidez, profesionalismo, confesionalidad, confidencialidad y gratuidad.

Son instituciones de vanguardia que se han puesto al alcance de la gente, que cumplen con la disposición de crear medios alternativos en el sistema de justicia estatal, para que los ciudadanos que demandan justicia puedan resolver sus controversias de manera sencilla y ágil. 

Este innovador modelo fortalece la cultura del diálogo y la política gubernamental de conciliación y búsqueda de acuerdos en la resolución de conflictos, que debe privar para mantener la tranquilidad del estado y la paz social en beneficio de nuestras familias, que merecen una mejor calidad de vida.

Con esta voluntad de modernizar la administración de justicia en Chiapas, se armonizan las reformas federales con las propias y se establecen los mecanismos institucionales para darles plena vigencia. 

Así que el segundo Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) en la entidad, ubicado en Tapachula, cuenta con áreas de atención al público y seguimiento de convenios, para mediadores y árbitros, así como una sala de conciliaciones, y su edificación implicó una inversión cercana a los 12 millones de pesos. 

Ahí, los involucrados en diferencias entre particulares serán atendidos con la mayor rapidez, propiciando una disminución en los costos, no sólo para las partes involucradas, sino para el sistema de justicia, ya que la agilización de los procedimientos legales permitirá descongestionar los tribunales.

A este Centro podrá concurrir la población de la región Soconusco para resolver problemas familiares, mercantiles, penales y en materia de justicia para adolescentes, teniendo la seguridad que existe una confidencialidad, legalidad y protección a los más vulnerables.***